En lo que va de este año 70 mujeres fueron víctimas de femicidios en nuestro país. Cabría preguntarse, además de visibilizar las caras de los asesinos, cosa necesaria pero de fácil olvido con el correr de los días, cuál es la responsabilidad del Estado en todo esto. En primer lugar, si pensamos al Estado como un campo de tensión donde se expresan las contradicciones de dos clases fundamentales (la trabajadora y la burguesa), sería necesario reafirmar y recordar que las disputas que se generan entre estos polos de intereses distintos se constituyen bajo ciertos paradigmas de proyectos sociales. Me refiero a proyectos que anhelan consolidar y construir para poder ejecutarse en la gobernabilidad del Estado. Desde este marco las instituciones –vale aclarar para los desmemoriados y desmemoriadas– son las encargadas de plasmar y construir el sentido común de los/as ciudadanos/as que defienden y avalan proyectos en puja.

Ahora bien, ¿cuál es entonces el papel que ocupa el género en este debate? El rol de las mujeres en el sistema capitalista es y ha sido indudablemente esencial. A lo largo de la historia diversos autores echaron luz sobre la relación que se teje entre el sistema capitalista, la acumulación del capital y el género. A finales del siglo XVIII y principio del XIX, por caso, la posibilidad del empleo para las mujeres existía con los fines de abaratar los costos laborales -lo cual se sostiene hasta el día de hoy-, mientras que se hacía uso de sus posibilidades para procrear y, de esa manera, poblar las naciones para construir una mayor mano de obra barata.

 Este ejemplo, en entre tantos que podrían mencionarse, demuestra que a la categoría de explotación de clase, para repensarla y construirla desde una nueva perspectiva social, debería agregársele la de clase/género. Porque es el propio Estado el que a través de sus instituciones nos educa para seguir sosteniendo estructuras patriarcales caducas, que seguimos repitiendo a lo largo de las décadas. Entonces, ¿por qué creemos que una ley, una normativa, puede cambiar el paradigma estatal si no se constituyen nuevos dispositivos organizacionales compuestos por personas especializadas en la temática? Personas que realicen trabajos de acompañamiento territoriales previos y que funcionen dentro de las instituciones con la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de aquellas leyes que nos avalan. Muchas son las redes feministas que se vienen construyendo como alternativa de las fallas de los dispositivos existentes; pero es hora de visibilizarlas y sumarlas a ser parte de la construcción de una nueva institucionalidad.

Es insostenible que sigan muriendo pibas para dejar en evidencia que las instituciones que nos amparan, pese a cualquier tipo de normativa, no están preparadas para afrontar el cambio de paradigma estatal que necesitamos. Es necesario renovar los dispositivos, que exista un control ciudadano ante la política estatal, que la organización en la calle continúe vigente y exigiendo participación dentro del Estado. A esta altura de la historia no podemos  regalar el presente ni entregar la tarea de transformar la injusticia a individuos que muchas veces no la sienten como propia, porque descansan en sus cómodos privilegios.

Por todo esto es que existe la necesidad de participación y organización de sujetxs colectivos que tengan ansias de transformarlo todo. Pero no podrá lograrse si les seguimos pidiendo a las mismas instituciones, que responden al sistema patriarcal, la resolución de los femicidios. Tenemos la obligación de comenzar  a formarnos y así repensar los caminos. Esa será una vía que nos lleve, de una vez y para siempre, a la construcción de nuevas formas organizacionales del Estado.

*Micaela Román es trabajadora social y militante del Movimiento Evita.